Ley de Educación Superior: Contexto

La Ley de Educación Superior se sancionó en el año 1995, bajo la presidencia de Carlos Menem, tiempo en el cual el saqueo hacia los bienes públicos del Estado fue cuenta corriente. Con centro en el poder financiero, el neoliberalismo se caracteriza por la disminución en el gasto público, la desfinanciación del Estado y la desregulación de los mercados. Conocidas son las privatizaciones de nuestras empresas públicas, de importancia estratégica para el desarrollo industrial argentino y fuentes fundamentales de financiación estatal, tales como YPF, Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos, Altos Hornos Zapla, entre muchas otras. Este saqueo y vaciamiento estatal ya es bien conocido que fue digitado desde los organismos internacionales de crédito y centros mundiales de poder, tales como el FMI, el Banco Mundial y el Club de París. Existió, al mismo tiempo, un aparato estatal cómplice, que permitió que estas políticas se llevaran adelante.

En este proceso, en el cual se siguieron “las recetas” del sector financiero, la educación no estuvo al margen. Así, desde estos sectores, se establecieron direcciones que la educación debiera seguir con el mismo objetivo que el resto de las privatizaciones: el beneficio de las multinacionales.

Los principales ejes de la Ley de Educación Superior:

“Controlar el acceso a la educación superior a cargo del Estado en función de criterios de selección eficientes y equitativos. (...)”; “Crear un ambiente propicio para las instituciones privadas”, y “ Establecer o aumentar la participación de los estudiantes en el costo de su educación y otras medidas de diversificación financiera.”

Banco Mundial, “La enseñanza superior: Las lecciones

derivadas de la experiencia”, 1995, página 97

1) Permitir y promover el arancelamiento de las carreras universitarias, y favorecer a las instituciones privadas de enseñanza superior. Valoración de la actividad académica con criterios de mercado. 2) Creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Algunas de sus funciones son: el reconocimiento de carreras, la habilitación de nuevas universidades, la evaluación externa de las unidades académicas y la determinación de los criterios para acreditar los posgrados. La componen representantes de universidades nacionales y privadas, de la Academia de la Educación y de las cámaras legislativas del Congreso, es decir que la CONEAU limita la autonomía universitaria (fallo Marinelli) 3) Se promueve el autofinanciamiento de la universidad mediante cursos de posgrado arancelados y trabajos a terceros, fomentando la producción de “recursos propios”. 4) Acortamiento de las carreras para bajar el contenido de los títulos de grado y lograr que los egresados completen su formación con posgrados arancelados; este tipo de formación crea profesionales orientados al mercado que luego serán utilizados como mano de obra barata por empresas multinacionales y por lo tanto su contribución al desarrollo nacional será muy limitada.

Financiamiento de la UBA:

Los organismos internacionales de crédito dieron pautas para "diversificar" las fuentes de financiamiento de la universidad y reformarla siguiendo los principios del mercado otorgando nuevas funciones a la universidad. De este modo se operó una transformación en las políticas públicas y la gestión de las instituciones científicas, que se materializó en una restricción de los recursos públicos (acompañados de ajustes fiscales) destinados al sector científico - tecnológico, generando la necesidad de que las universidades se financien por sí solas con recursos NO presupuestarios, también llamados "recursos propios". Esto implicó la intromisión de grupos económicos que, por un lado, ponen plata para líneas de investigación que a ellos les sirve y, por otro, modifican los planes de estudio, también en función de sus intereses. Por ejemplo, en nuestra facultad, hay una gran presencia de Repsol YPF, Microsoft y Monsanto. Entonces, la conocida falta de presupuesto no se produce por desinterés en el sistema educativo sino porque es necesaria para dar pie al financiamiento privado.

¿Ciencia para quién?

Es evidente que el conocimiento generado en nuestra facultad no sirve de nada si se queda entre las cuatro paredes. La universidad, en el marco de la desaparición paulatina del Estado, se vincula con distintas empresas que usan lo investigado para tener rédito de ello. La privatización del conocimiento público implicó el condicionamiento de las líneas de investigación y el acceso a los resultados que éstas producen. Asimismo, se buscan temas de investigación "rentables" y el trabajo académico comenzó a ser valorado bajo criterios empresariales.

Autonomía Universitaria: "El problema no es el gringo que nos compra, el problema es el criollo que nos vende..."

Las reformas introducidas durante el neoliberalismo en la educación superior, tuvieron una característica particular: la activa presencia del Estado. Se trata del Estado Cómplice del saqueo, con funcionarios empleados de multinacionales o puestos por los organismos de crédito.

La actual Ley de Educación Superior (LES), funda un organismo llamado Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) que tiene injerencias en las universidades, evaluando las instituciones, modificando el programa de las carreras señalando sus objetivos. Este organismo fue creado bajo la recomendación del Banco Mundial, y es una clara expresión del Estado cómplice en el campo de la educación.

En este marco, la autonomía se vuelve fundamental; como forma de resistencia al avance de las empresas, que lo hacen a través del Estado cómplice. Al respecto, la UBA tiene a favor el fallo del juez Marinelli que declara inconstitucionales los artículos 29 (que determina los alcances de la autonomía universitaria), 42, 43 (referidos a los contenidos de los planes de estudio), 46 (sobre el establecimiento del Ministerio como acreditador de carreras de grado) y 50 (referido al ingreso del alumnado) de la Ley de Educación Superior vigente. Dicha Ley, mediante tres de sus artículos (29, 34 y 70), subordina la vigencia de los estatutos a la aprobación administrativa del Ministerio, con lo cual desplaza a la Asamblea Universitaria como órgano supremo.

Sin embargo, nos parece que la universidad no puede confundir tampoco la “autonomía de las empresas con autonomía del desarrollo económico nacional” y por eso la facultad tiene que ser un espacio donde se provea al país de cuadros técnicos con capacidad de gestión y resolución de problemas, intelectuales con una visión estratégica del desarrollo del país. Es de esta forma que los conocimientos generados se vinculan con la sociedad, y devolverle al pueblo argentino lo que se merece por haber permitido que nosotros estudiáramos: ¡No olvidemos que esta es una universidad pública!